San José, Costa Rica. La captura de Alejandro Arias Monge, alias “El Diablo”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del país, ha encendido una polémica entre las principales autoridades costarricenses.
El Fiscal General, Carlo Díaz, sostiene que la decisión sobre si “El Diablo” debe ser juzgado en Costa Rica recae en su despacho, asegurando que su gestión con la DEA permitió activar alertas internacionales en su contra. Sin embargo, tanto el Presidente Rodrigo Chaves como el Ministro de Justicia desmintieron estas declaraciones, aclarando que las coordinaciones con organismos internacionales y los procedimientos judiciales corresponden a instancias conjuntas del Estado costarricense.
Desde 2021, Arias Monge cuenta con órdenes de captura nacional e internacional emitidas por el Juzgado Penal de Pococí, debido a su presunta participación en delitos como homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. Pese a múltiples operativos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su detención ha sido esquiva, en parte por su presunta movilidad entre Costa Rica y Nicaragua y el apoyo de algunas comunidades locales que alertan sobre la presencia policial.
Recientemente se ha informado que las autoridades costarricenses, en colaboración con la DEA, están evaluando una recompensa de 500 mil dólares por información que permita dar con su paradero. No obstante, esta medida también ha generado debate, pues fuentes judiciales han desmentido la existencia de una recompensa económica formal por parte de Interpol.
La disputa entre el Fiscal General y el Ejecutivo evidencia tensiones internas en la lucha contra el crimen organizado, mientras la ciudadanía exige acciones concretas que lleven a la captura de “El Diablo” y a que enfrente la justicia en Costa Rica.
