La presidenta Laura Fernández abrió en Alajuela el centro para 5.100 reos, inspirado en el Cecot de El Salvador. Costó ₡16.774 millones y los primeros traslados serán a finales de octubre.

Costa Rica entra en una nueva etapa… en su lucha contra el crimen organizado. En San Rafael de Alajuela, junto al complejo penitenciario La Reforma, abrió sus puertas el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado: ¡el Caco! Una megacárcel con la que el gobierno promete cambiar la historia penitenciaria del país.

Este miércoles, catorce de octubre, la presidenta Laura Fernández encabezó la inauguración. La acompañaron el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves; miembros del gabinete, diputados, alcaldes, representantes del cuerpo diplomático… y la Defensora de los Habitantes.

En su discurso, la mandataria aseguró que este día marca un antes… y un después, en materia de seguridad. “El Caco es un modelo nuevo… un modelo de mano dura”, dijo. Y advirtió: “¡Vamos a ejercer mano dura!… porque el que la hace, la tiene que pagar”.

Pero hubo un mensaje que no pasó desapercibido… Varias sillas reservadas quedaron vacías. Los magistrados del Poder Judicial y el fiscal general no asistieron al acto; una ausencia que la presidenta señaló públicamente, frente a los invitados.

La construcción comenzó en enero de este año, y se completó en apenas… diez meses. Los planos fueron donados por el gobierno de El Salvador, y el diseño se inspira en el Cecot, la megacárcel de Nayib Bukele.

El complejo ocupa unos noventa mil metros cuadrados; de ellos, treinta y un mil son de construcción. ¿La inversión?… Dieciséis mil setecientos setenta y cuatro millones de colones. Es decir, cerca de treinta y seis millones de dólares, financiados con presupuesto nacional.

Por dentro, el Caco está dividido en cinco módulos, con capacidad para mil veinte privados de libertad cada uno. En total: ¡cinco mil cien espacios! Cada módulo tiene diecisiete celdas, de unos noventa metros cuadrados, pensadas para sesenta reos cada una. Hay literas de metal en varios niveles, y lavatorios comunes, a la vista de los custodios.

Las reglas serán estrictas. Los internos vestirán uniforme naranja, confeccionado por los propios reos. No podrán tener objetos personales; tendrán una hora de sol al día… y las visitas serán muy restringidas.

La vigilancia estará a cargo de la Policía Penitenciaria, que asume el control del centro desde este quince de octubre. Habrá monitoreo electrónico las veinticuatro horas, cámaras y sensores inteligentes, bloqueo de la señal celular, y registro biométrico con reconocimiento facial para cada interno. ¿El objetivo?… Cortar la comunicación de los cabecillas con el exterior.

Las imágenes oficiales muestran cómo será el ingreso: reos esposados, con uniforme naranja, escoltados por agentes en todo momento. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, fue tajante: “El Caco no va a ser un hotel… no es un lugar de descanso… ¡y no será jamás una universidad del crimen!”.

Los primeros traslados se harán a finales de octubre. Llegarán cabecillas de bandas, sicarios y extorsionadores… además de los llamados “hachudos”: reos que imponen su ley dentro de los pabellones.

Según el ministro, el primero en ocupar una celda será el responsable del asesinato del oficial Gerson Rosales. “Todo asesino sicario que ha matado policías… ¡lo quiero en el Caco!”, advirtió la presidenta.

Para diciembre, el gobierno espera tener unos dos mil quinientos espacios ocupados, y reducir el hacinamiento carcelario del cincuenta y nueve… a cerca del quince por ciento.

El contexto explica la apuesta. Costa Rica registra cerca de novecientos homicidios al año, y alrededor del setenta por ciento se atribuye al narcotráfico y al crimen organizado. En el año dos mil veinticinco se decomisaron cuarenta y seis toneladas y media de cocaína: la segunda cifra más alta en la historia del país.

Sin embargo… la apuesta también genera debate. Medios internacionales recuerdan que el modelo salvadoreño en que se inspira ha sido cuestionado por expertos de Naciones Unidas en derechos humanos. La presidenta prometió honrar la tradición costarricense de respeto a los derechos fundamentales. Mientras tanto, las autoridades aún deben presentar los protocolos de alimentación, atención médica y visitas.

Con el Caco, el gobierno coloca la mano dura en el centro de su política de seguridad. El tiempo dirá… si esta megacárcel logra frenar la ola de violencia.